El mandato minero y sus detractores

El Viernes 18 del mes de abril, la Asamblea Constituyente, luego de varias conversaciones con la presidencia y el ministerio de Energía y Minas, aprobó un polémico mandato que revertió a 3100 concesiones mineras, lo que significa un 80% del total de las concesiones que operan en el país.
Esta medida se ejecutó con la finalidad de generar un nuevo marco legal que regule la explotación minera, puesto que el anterior, modificado a través de las leyes Trole I y II, abría las puertas a una explotación totalmente irresponsable con la sociedad y con la naturaleza. Debido a esto, la Asamblea resolvió la caducidad de todas las concesiones mineras en las que no se hubieran hecho inversiones, no contaran con estudios ambientales, o hayan sido entregadas a ex funcionarios públicos de área o a sus familiares.
La finalidad de este mandato según Norman Wray, asambleísta nacional, es organizar el caos en torno a la explotación minera y dar paso a una nueva minera responsable con la sociedad, con el gobierno y por sobre todo ambientalista.
El debate que se ha dado alrededor de este mandato, es precisamente su calidad de ambientalista, opositores a la minería a gran escala en el país, como el colectivo Acción Ecológica, consideran que alrededor del mundo no existe ningún caso de minería sustentable o ambientalmente responsable, así lo declara Gloria Chicaiza, accionista de este colectivo, al decir que la preocupación por lo sostenible por parte del sector minero, nació en el año 2002 en la Conferencia de Iniciativa Global en Toronto, donde se determinó que: “una minería responsable es aquella cuyos parámetros se centran alrededor del auspicio a actividades de sustentación”, más no en la disminución de la contaminación y residuos que provocan esta actividad.
Hay que agregar que entre los opositores se encuentran diversos sectores sociales como la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Soberanía y la Vida, donde se articular múltiples actores sociales afectados por la minería a gran escala. Lina Solano, miembro del directorio de este colectivo, sostiene que a pesar de que el mandato minero significó un cese a la minería, no se debe pensar que la finalidad de este gobierno es la construcción de políticas ecológicas puesto que, claramente se ha dicho que el mandato busca la organización y la disminución de la actividad y de ninguna manera precautelar o impedir la explotación minera.
Es evidente el posicionamiento de Rafael Correa sobre este tema, cuando días atrás, el Sábado 27, a través de su espacio radial, declaró que será enérgico con los ecologistas, a quienes tacho de extremistas, y que hará que caiga el peso de la ley sobre quienes se opongan a lo que considera como desarrollo.
El escenario en que se desarrolla este mandato es esencialmente polémico, puesto que hasta dentro de Alianza País, existen diferentes visiones sobre la conservación y el desarrolló, lo que provocará en última instancia la definición de sus políticas y de su línea de pensamiento. Es verdaderamente este un gobierno ciudadano de izquierda o disfraza sus intensiones extractivitas a través del discurso social. Cabe preguntarse, entonces, si las decisiones importantes son de todos.